Las organizaciones ecologistas y naturalistas españolas han comenzado a llamarlo una “decisión histórica”. Dentro de unos días o semanas quedará prohibida la caza del lobo, concretamente de todos los lobos ibéricos en todos los rincones de España.
Estos caninos salvajes se convertirán oficialmente en una especie protegida a nivel nacional, por lo que no se cazarán, situación que en la actualidad solo está presente en la mitad sur de la península por debajo del Duero, donde casi no hay lobos. El cambio fundamental se registrará efectivamente en todas las comunidades cántabras, así como en Castilla y León, La Rioja y Navarra, que hasta la fecha este animal tiene unos 2000 ejemplares no protegidos en sus montes y campos.
El dictamen del Comité Científico de Animal y Flora del Ministerio, integrado por expertos independientes, aprobó la recomendación, que en 2019 apoyó parcialmente la solicitud de la Asociación para la Protección e Investigación del Lobo Ibérico (Ascel) y recomendó que se incluya la especie por “su importancia como patrimonio cultural y científico, y los servicios ambientales de la existencia de la especie en los ecosistemas naturales“.
¿Qué dice la ley sobre la caza del lobo?
Según la ley, el gobierno debe hacer recomendaciones para que las especies se incluyan en la lista. Sin embargo, la ley también establece que la propuesta primero debe ser aprobada por un comité de patrimonio natural regionalmente representativo. Legalmente hablando, esta no es una decisión vinculante y, a pesar de ser rechazada, la propuesta aún puede ser aprobada por el gobierno.
Las organizaciones medioambientales incluso esperan incluir al lobo en la lista de especies amenazadas de España para proteger mejor sus medidas de protección. Según los expertos, los lobos son una especie clave en el ecosistema, y su protección es un desafío indispensable, inseparable de la protección de la biodiversidad ibérica.
Desde que el lobo ibérico estuvo al borde de la extinción en la década de 1970, los movimientos ecologistas y muchas organizaciones han venido exigiendo su protección, al tiempo que denuncian la mala gestión de las comunidades autónomas en la mitad norte de la península.